En Chile hoy el abuso de poder ha llegado a límites intolerables. Las personas no quieren vivir en una sociedad de permanente abuso, por eso se rebelan ante él y demandan respuestas políticas. Es una demanda que contiene muchos elementos democráticos, es una demanda hacia el sistema político en su conjunto, por eso el Estado debe reconocer que es parte del conflicto, aceptando que muchos de esos conflictos son agentes de cambios que bien encauzados mejoran la calidad de la democracia y la calidad de vida de las personas. La democracia tiene que darle cabida a la protesta social, de manera proactiva, reconociendo que existen desigualdades, injusticias, abusos, discriminación y situaciones de violencia social que deben ser respondidas con humildad, sabiduría, valentía y audacia. La intransigencia y el oportunismo son respuestas equivocadas, que en nada contribuyen a la solución de los problemas.
El motivo por el cual los ciudadanos salen a la calle para protestar por la educación no es por el lucro, sino por el abuso que experimentan. Los propietarios de los establecimientos de educación abusaron de la falta de regulación y fiscalización del Estado. Los bancos abusaron de su rol de intermediario otorgando créditos con tasas de interés y comisiones usureras empeorando la situación de endeudamiento de las familias chilenas incapaces de sostener esos créditos. Los políticos abusaron de su situación de poder y se aprovecharon del modelo para su beneficio económico personal acomodándose como inversionistas, consultores o en altos cargos académicos. Los conflictos de interés y los estrechos vínculos de gobernantes con grupos económicos son evidentes y atraviesan todo el espectro político e ideológico.
El abuso está instalado en Chile. Es cotidiano. Al respecto, el estudio de opinión "El poder de los derechos ciudadanos" de la ONG Genera, realizado en mayo de 2011, refleja la debilidad de nuestro país en materia de derechos ciudadanos: El 94% de las personas encuestadas considera que los derechos en nuestro país no se respetan suficientemente. La opinión es también negativa al momento de consultar sobre el respeto de los derechos por parte de las empresas y de los servicios estatales: un 95% piensa que se respetan poco o nada los derechos en las empresas y existe una apreciación similar (92%) respecto de los servicios estatales.
Al escándalo financiero de "La Polar" en términos legales se le llamó "repactaciones unilaterales", pero no era otra cosa que un robo encubierto. Se abusa tanto de los consumidores como de los proveedores. Abusan los patrones, pero también abusan los trabajadores. Los políticos abusan de un sistema electoral en profunda crisis de representatividad. Y lo que es peor, se abusa no sólo del prójimo sino también de la naturaleza.
El abuso de poder no es de izquierda ni de derecha. No es de propiedad del libre mercado ni es ajeno a modelos más socialistas. El abuso es transversal a la sociedad chilena y es la mayor causa de descontento ciudadano. Evidentemente hay un manejo político de esta situación, pero esa es la clave de un buen gobierno, saber encauzar los conflictos sociales para avanzar como sociedad. Ese es el gran desafío hoy: avanzar en desarrollar cambios culturales e institucionales que garanticen el respeto de los derechos de las personas.
