Ahora que la movilización estudiantil tomó vacaciones, podemos evaluar con más calma y menos urgencia las causas del supuesto malestar que se instaló en Chile en 2011. Más que un descontento con el modelo de una economía social de mercado que ha facilitado el crecimiento y alimentado las expectativas de inclusión y movilidad social, las movilizaciones de 2011 reflejan la demanda de los chilenos por ajustar y mejorar el modelo de tal forma que mejore la inclusión social, se expanda la estructura de oportunidades, se promueva más la meritocracia y se consolide un sistema de reglas claras con poderosos mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos y consumidores.

A diferencia de lo que ocurre en Europa—especialmente en Grecia, España e Italia—y de la creciente sensación de pesimismo que se instala en Estados Unidos, la percepción generalizada en Chile es de optimismo. En España la sensación ambiente es que el país es un avión que tiene un par de turbinas averiadas y que corre riesgo real de irse a pique y en Estados Unidos la percepción generalizada es que los problemas mecánicos del avión se empeoran por la incapacidad de los pilotos para ponerse de acuerdo en una solución. En Chile, en cambio, la sensación es distinta. La gente no aparece temerosa de que el avión corra riesgo de caerse. Pero si está descontenta con la forma en que está distribuido el espacio al interior del avión. Si la clase económica tiene acceso a discretas cajitas con comida fría, la clase ejecutiva tiene disponible un menú espectacular.

Las protestas en Chile tienen más que ver con mejorar la distribución de oportunidades y corregir el desigual acceso a los beneficios del crecimiento económico. Si a esto le añadimos la extendida percepción de que los que van en clase ejecutiva están ahí por sus apellidos y no por sus méritos. Es más, hay buenas razones para alegar que los de clase ejecutiva ni siquiera pagan de forma proporcional a los beneficios que reciben. Después de todo, los ricos —que se constituyen en empresas y tienen mecanismos legales para reducir sus impuestos y extra-legales para eludir— terminan pagando un porcentaje inferior de impuestos que la clase media e incluso los más pobres.

Las razones para el descontento existen. Pero no es un descontento con el modelo. Después de todo, Chile ha crecido y se ha desarrollado más que nunca bajo el modelo de la economía social de mercado. El descontento es con la forma desigual en que se distribuyen los beneficios y con la insuficiente inclusión social que existe en el país.

"Las razones para el descontento existen. Pero no es un descontento con el modelo. Después de todo, Chile ha crecido y se ha desarrollado más que nunca bajo el modelo de la economía social de mercado. El descontento es con la forma desigual en que se distribuyen los beneficios y con la insuficiente inclusión social que existe en el país".

La principal forma en que se materializa este descontento es a través de los reclamos por la débil protección a los derechos de los consumidores que existe en Chile. Aunque ha habido avances notables en los últimos años, los casos de La Polar y los recientes escándalos por la colusión en el mercado de los pollos —que se suman a los ya conocidos escándalos por la colusión en las farmacias— nos recuerdan que todavía falta mucho por hacer. Los consumidores chilenos se sienten insuficientemente protegidos por los marcos regulatorios. Los procedimientos para denunciar abusos son tediosos e involucran un costo de tiempo alto para las personas.

Los procesos de investigación y la extensión de los sumarios y los juicios hacen que la opinión pública deje de prestar atención a los casos más bullados y al final del día resulte más fácil para los abogados, contratados por las personas involucradas en estos ilícitos, utilizar resquicios legales que permitan evitar o reducir multas y castigos para los que abusaron del sistema e irrespetaron los derechos de los consumidores. En muchos casos, las multas efectivas que pagan los involucrados son inferiores al beneficio recibido por violar la ley o aprovecharse indebidamente de los consumidores. La gente percibe que la cancha no es pareja y que el sistema desventaja a los consumidores y ciudadanos.

Afortunadamente, este incuestionable malestar no constituye una crisis terminal del modelo. Ciertamente representa una causa de preocupación y constituye una poderosa advertencia que debiera llevar a la clase política a fortalecer los organismos que protegen los derechos de los consumidores, regulan el mercado para evitar los abusos y promueven la inclusión social. Si la clase política ignora estas advertencias, el avión —que no tiene problemas mecánicos pero si injusta distribución de los asientos— correrá riesgo de tener un motín a bordo que sea más dañino y peligroso que los problemas mecánicos.

Si la clase política se hace cargo del malestar y realiza reformas que promuevan la competencia, emparejando la cancha, facilitando el acceso y la inclusión de los sectores más desprotegidos y fortaleciendo los marcos regulatorios —y la aplicación de la ley— este malestar tenderá a diluirse y se transformará en una fuerza que fortalezca y potencie el modelo de economía abierta al mundo que ha caracterizado a Chile en estas últimas tres décadas.