En una declaración pública la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), asociación gremial que reúne a las principales empresas del sector gastronómico (restaurantes, cadenas de comida rápida, servicio de alimentación institucional y empresas  proveedoras del sector), manifestó su preocupación por el futuro de la industria y sus trabajadores, como consecuencia de la crisis por el coronavirus.

«Si bien, hemos avanzado en distintas agendas de trabajo con diversos organismos, en este momento nos urge un apoyo fuerte y concreto para ayudar a sostener la industria: necesitamos liquidez para las pequeñas, medianas y grandes empresas del rubro. Sin este apoyo económico inmediato, muchos establecimientos se verán obligados a cerrar su cortina definitivamente, poniendo en riesgo 150.000 puestos laborales, y el sustento de miles de familias», dice el comunicado firmado por su presidente Máximo Picallo.

La nota, además, acusa a los bancos de no estar «facilitando el proceso, ya que desde octubre pasado, nos consideran como un segmento de alto riesgo», situación que se agrava «debido a que la gran mayoría de los establecimientos tiene cerrado su restaurante, las cuentas que aquejan al sector se deben seguir pagando. Arriendos, servicios básicos y créditos que se continúan cobrando, tienen agónica a la industria».

Por ello, Achiga hace un llamado «urgente al gobierno y a las instituciones financieras para que en conjunto nos inyecten liquidez, porque definitivamente no tenemos otra manera de subsistir, ya que desde el 20 de marzo se nos prohibió la atención de público, y tenemos una responsabilidad enorme con nuestros trabajadores. Nos apremia poder optar a créditos con aval del Estado para poder reinventarnos, y nos urge la comprensión de arrendatarios, ya que sin flujo de caja claramente se verán atrasados los pagos».

Achiga afirma que muchos establecimientos se verán obligados a cerrar su cortina definitivamente, poniendo en riesgo 150.000 puestos laborales, y el sustento de miles de familias.


Máximo Picallo, quien además de presidir Achiga es propietario de Elkika Ilmenau, popular sandwichería y cervecería de Providencia, manifiesta que la situación se agrava día a día debido a que la inversión en un establecimiento gastronómico es alta, y las gestiones para abrir y mantener un restaurante son costosas, con trámites que toman mucho tiempo. «Maquinarias, sueldos, pagos a proveedores e IVA, son sólo una parte de la operación diaria, y a eso se suma un trabajo mayor, como es la obtención de permisos y patentes que tanto cuesta obtener. Para los establecimientos ubicados al interior de malls, si bien el tema del arriendo se ha visto rebajado en varios casos, hoy son otros los cobros que aquejan y siguen vigentes, frente a lo cual insistimos, que sin flujo de caja ni liquidez, se hacen imposibles solventar», dice.

Sobre la opción de generar recursos a través del delivery, Picallo dice en el comunicado que aunque algunos establecimientos tienen delivery, como un aporte a la cadena de alimentación, «esta actividad sólo se puede efectuar fuera del toque de queda establecido, lo que en muchos casos dificulta el implementar esta alternativa a más restaurantes».

Sobre la implementación de la Ley de Protección del Empleo, la asociación gremial valora que esta iniciativa tenga retroactividad, sin embargo, solicitan a la autoridad «que se aclare cuál es el plazo de pago de las leyes sociales».


Finalmente el comunicado de Achiga manifiesta que «el desafío hoy es mantener nuestra industria en pie», razón por la cual insisten en que se acojan sus requerimientos, con medidas que los apoyen en el corto, mediano y largo plazo. «Reiteramos nuestra necesidad de contar con liquidez en las empresas; considerar las peticiones de flexibilidad laboral cuando reabramos; un periodo de gracia de pagos de seis meses mínimo para que los establecimientos gastronómicos puedan pararse nuevamente; y que los municipios nos ayuden sin cobros de patentes municipales, durante todo el periodo de prohibición para atender público», dice la nota.

Sobre la implementación de la Ley de Protección del Empleo, la asociación gremial valora que esta iniciativa tenga retroactividad, sin embargo, solicitan a la autoridad «que se aclare cuál es el plazo de pago de las leyes sociales, ya que sin ingresos, aunque el seguro de cesantía pague los sueldos, no tenemos cómo pagar estas obligaciones de forma inmediata».

 

 

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